No hay que olvidar que sigue siendo un ambiente laboral y que lo que ocurra allí, puede ser objeto de despido.
Las corporaciones transnacionales de negocios que son dueñas de redes sociales no tienen la representación vicaria de los usuarios ni pueden valerse de argumentos inherentes a las libertades de éstos para sustraerse a la autoridad de los tribunales. Adviértase que su innegable contribución técnica al ejercicio de esas libertades no impide que sus intereses entren, eventualmente, en conflicto con ellas.
En el Senado se precisaron aspectos relacionados con los protocolos de prevención que deberán fijar tanto el sector privado como el público, lo que fue refrendado por la Cámara en tercer trámite.
El Ministerio del Deporte deberá elaborar y aprobar, mediante decreto supremo, un protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte. Ese protocolo deberá ser adoptado por organizaciones deportivas tales como: club deportivo, liga deportiva, asociación deportiva local, consejo local de deportes, asociación deportiva regional, federación deportiva, federación deportiva nacional, entre otras.
La Comisión de Trabajo valoró el proyecto, que contempla un protocolo de prevención y procedimientos de investigación, “para que no existan más Karin”, se enfatizó.
La recurrente denunció por acoso sexual -entre otras cosas- al director del programa de postgrado que cursa, solicitando a la universidad el cambio de sede para finalizar su especialización, petición que fue rechazada por el plantel y confirmada por el máximo Tribunal, que estimó que los actos administrativos intermedios no pueden ser impugnados mediante la acción cautelar, pues aún no finaliza la investigación interna iniciada con la denuncia de la actora.
Modifica la ley del Deporte, la ley que crea el Ministerio del Deporte, y la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.
Ambos tuvieron una relación sexual puntual, pero a mediados de 2015, él decidió no continuar y la mujer no aceptó dicha decisión, por lo que comenzó a tomar una actitud de control.
Lo descubrieron porque en agosto de 2021 los ordenadores de la entidad mercantil iban muy lentos y tenían problemas de acceso a internet, por lo que necesitaron los servicios de una empresa informática.
El mandato legal de incluir la normativa interna de las instituciones de educación superior en los convenios que estas celebren con organismos de la Administración del Estado, no puede afectar las potestades de administración y disciplinarias de estos últimos.
