El requirente estima que el precepto ha posibilitado delegar facultades jurisdiccionales, contraviniendo abiertamente la Constitución.

En determinados casos, el grado de desamparo en que quedan los familiares del migrante debe ser considerado una injerencia arbitraria e irrazonable al derecho a la protección de la vida familiar. Si en estas hipótesis se incluyen menores de edad, la reunificación es decisiva en virtud del interés superior del niño.

Si bien el artículo 53 de la Ley N°19.880 dispone que la invalidación de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la autoridad o a petición de parte, en este último caso, sigue siendo de facultad de la Administración su declaración, por lo que no corresponde reclamar sobre el rechazo de su aplicación.

El acceso a una vivienda digna, en el estado social de derecho, no puede depender exclusivamente de la mano invisible del mercado. Por esta razón, desde la Constitución se prevén herramientas clave que orientan la intervención económica del Estado para garantizar a todos su acceso.

Al tratarse de un acto administrativo debe cumplirse con lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

El acto administrativo carecía de justificación y no informaba a la recurrente los motivos considerados para su nueva destinación.

Los hechos denunciados, eventualmente, pueden constituir una vulneración de las garantías denunciadas.

Todos los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de los medios electrónicos establecidos por la ley, salvo las excepciones legales.

Este deber de abstención impide la revisión de un mismo acto de manera paralela en sede judicial y administrativa, lo que evita decisiones contradictorias y la afectación del principio de eficiencia.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la intendencia recurrida, al dictaminar la expulsión de los amparados, tras desistirse de la denuncia por ingreso ilegal al país que había presentado ante el Ministerio Público.