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Las diversas amenazas y riesgos a los que se enfrentan actualmente los defensores ambientales en Latinoamérica y en Chile hace necesario adoptar una solución urgente para resguardar sus derechos humanos.
Las diversas amenazas y riesgos a los que se enfrentan actualmente los defensores ambientales en Latinoamérica y en Chile hace necesario adoptar una solución urgente para resguardar sus derechos humanos.
La forma con la que en este 2022 Colombia se apresta a ser muy pronto Estado Parte y con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú en junio pasado, y el nivel de consenso con el que se aprobó en ambos Estados, plantean ahora algunas interrogantes muy válidas: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú refirieron a la discusión enardecida en Colombia (y anteriormente en Chile), como un «argumento» para no aprobar este tratado regional.
Esto, luego de que el Senado respaldara en segundo trámite, el texto sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.