Referencias a la probidad, conflictos de intereses, la necesidad de pruebas, el juicio político-jurídico y la presunción de inocencia estuvieron presentes en la sesión especial previa a la votación.

Tras dos intentos fallidos, la Corporación acordó que representarán a la Cámara en el juicio jurídico-político a Sebastián Piñera la diputada Gael Yeomans y los diputados Gabriel Silber y Leonardo Soto.

Tanto la parte acusadora como la defensa tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos, tras lo cual se inició un amplio debate que permitió la participación de los legisladores y que dio como resultado la aprobación de la admisibilidad del libelo acusatorio.

La defensa del Mandatario optó por no apelar a la impugnación del cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo. Ello gatilló que la sesión avanzara directamente al tratamiento del fondo, donde la parte acusadora inicia el debate presentando sus argumentos.

El abogado Jorge Gálvez dijo a la comisión de la Cámara que investiga la procedencia de la acusación constitucional presentada contra el primer mandatario, que esta se basa en hechos falsos y meras especulaciones. Asimismo, puntualizó que el Presidente de la República no intervino en la decisión de venta del proyecto minero Dominga.

La actual ministra Carolina Schmidt junto al encargado de esta cartera de la administración anterior, Marcelo Mena, expusieron antecedentes sobre el proceso de evaluación ambiental de la minera Dominga.

En esta jornada se dio cuenta del libelo acusatorio y se eligió a las y los diputados que integrarán la comisión que lo analizará.

El grupo que evalúa la admisibilidad del libelo presentado en contra del ministro de Educación también recibió el testimonio del presidente de la Sociedad Médica para la Prevención, doctor Humberto Soriano; y del director de la Junaeb, Jaime Tohá.

La Sala del Senado se encuentra analizando el libelo acusatorio en contra del ex Ministro del Interior y de Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela.

Los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza recalcaron que el libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico vigente en la época en que los hechos se fundan, pues imputa al ministro omisión de acciones, que, en rigor, no formaban parte de su competencia legal específica.