El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de la víctima a perseguir el imputado, desde que con ocasión de que la Fiscalía decidió cerrar la investigación y, con ello, comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento sin que se haya formalizado al imputado, se le impide a la querellante presentar acusación particular en igualdad de condiciones que el Ministerio Público.