El actor sostiene que el cierre de calles, programado para los días viernes y sábados desde las 21:30 hasta las 5:30 horas, ha impactado no solo a los residentes de la zona, sino también a los ciudadanos en general, al limitar el acceso a bienes y servicios esenciales.
Los afectados señalan que, pese a sus reclamos ante el municipio y en policía local, el conflicto continúa afectando gravemente su calidad de vida y convivencia en el barrio, agravado por la sensación de inseguridad y falta de respuesta de las autoridades competentes.
El recurrente impugna la resolución que revocó una decisión previa y ordenó cancelar la inscripción conservatoria de un inmueble, argumentando que dicha resolución excede sus atribuciones y que carece de fundamentos adecuados.
Denuncia varias ilegalidades del Decreto Nº 24, señalando que no se respetaron las normas de participación ciudadana, que el acto administrativo carece de la debida fundamentación, lo que infringe la normativa sobre el procedimiento administrativo, y resulta en un trato desigual para los productores de alimentos, afectando su capacidad para operar en condiciones justas y competitivas.
En su libelo denuncia la afectación permanente a sus derechos fundamentales a la integridad física, a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la propiedad, contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
En su libelo el actor señala que la decisión del Registro Civil contraviene las normas relativas a la filiación, el estado civil y la sucesión intestada, recogidas en el Código Civil.
En su libelo denuncia que la suspensión de su cuenta afecta gravemente su derecho de propiedad, su integridad psíquica y su derecho al trabajo, ya que no puede acceder a información esencial para el ejercicio de su profesión como abogado.
En su libelo, denuncia que la recurrida no explica el origen de las deudas que compensó ilegal y arbitrariamente, y se niega a dar cumplimiento a una sentencia definitiva que ordenó remediar monetariamente las graves violaciones a los derechos humanos de que fue víctima.
En su libelo, la sociedad enfatiza que la ocupación ilegítima le priva de hacer uso del terreno y desarrollar los proyectos previstos, constituyendo una clara vulneración a su derecho de propiedad.
En su libelo, denunció que la actuación del recurrido constituye un acto de autotutela o justicia por la propia mano, al suspender el suministro de energía eléctrica sin tener la calidad de administrador legalmente designado por la comunidad y sin acudir a los tribunales de justicia.
La actora denunció acoso y amenaza de parte de la oficina de cobranza de la clínica recurrida en circunstancias que se encuentra en tramitación un reclamo ante Fonasa por la Ley de Urgencia, tras la muerte de su madre.
