En su libelo, denuncia que la recurrida no explica el origen de las deudas que compensó ilegal y arbitrariamente, y se niega a dar cumplimiento a una sentencia definitiva que ordenó remediar monetariamente las graves violaciones a los derechos humanos de que fue víctima.

En su libelo, la sociedad enfatiza que la ocupación ilegítima le priva de hacer uso del terreno y desarrollar los proyectos previstos, constituyendo una clara vulneración a su derecho de propiedad.

En su libelo, denunció que la actuación del recurrido constituye un acto de autotutela o justicia por la propia mano, al suspender el suministro de energía eléctrica sin tener la calidad de administrador legalmente designado por la comunidad y sin acudir a los tribunales de justicia.

La actora denunció acoso y amenaza de parte de la oficina de cobranza de la clínica recurrida en circunstancias que se encuentra en tramitación un reclamo ante Fonasa por la Ley de Urgencia, tras la muerte de su madre.

En su libelo, el actor denuncia que la COMPIN no cumplió con los estándares mínimos del proceso administrativo y que no motivó adecuadamente su decisión. Y que renovar la sanción en forma indefinida constituye un ejercicio arbitrario de la autoridad, pues se basa en hechos insubsanables, al no contar con la documentación requerida.

Denunció que la decisión de descontar parte de su indemnización por desahucio carece de fundamento legal, no fue notificada adecuadamente y contraviene el debido proceso, generando una situación de desigualdad en comparación con otros beneficiarios que recibieron sus pagos completos.

El actor denuncia que el corte del suministro eléctrico sin un proceso judicial que respalde la acción lo que constituye un acto de autotutela, prohibido por el ordenamiento jurídico.

En su libelo la actora denuncia la falta de atención médica oportuna y la omisión de información crucial sobre el estado de salud de su cónyuge, vulnerando el derecho a un trato digno y al acceso a información veraz y comprensible, garantizados en la Ley Nº 20.584.

La recurrente denunció que fue víctima de una mala gestión administrativa que conllevó a su eliminación académica, lo que considera una decisión injusta y perjudicial para su futuro profesional.

En su libelo, denunció que su remoción se basó en la doctrina de la “exclusiva confianza”, sin respaldo legal para el cargo que ostentaba, contraviniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que dicha calidad solo puede ser conferida por ley.