De declarar a la requirente como único empleador, todos los trabajadores de la otra empresa pueden negociar colectivamente, eventualmente, sólo con la requirente, y en tal el escenario estará obligada a ofrecer como piso de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció.

No existiría ninguna razón para restringir su libertad de trabajo y prohibirle el ejercicio en el sector privado.

En la gestión pendiente, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación sin formalización.

El cuestionamiento al artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, no ostenta fundamento plausible y confluye la causal de inadmisibilidad del artículo 84 N°6 de la ley orgánica constitucional.

La Inmobiliaria se ve limitada para reclamar dicha tasación, conforme a las restricciones que establecen los incisos segundo y final del artículo 149 del Código Tributario.

Los requirentes, estando en una situación análoga a todos aquellos que recurren a la tutela judicial para el resguardo e integridad de sus derechos, se ven privados de acceder a medios de impugnación idóneos para reclamar en contra de una sentencia.

Contiene un marco sancionatorio penal urbanístico excesivamente amplio y vulnera, especialmente, el principio de legalidad.

Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.