El derecho a la protección social y atención integral garantiza que, los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no puedan satisfacer sus necesidades básicas por sus propios medios tengan acceso a un sistema integral de subsidios, auxilios y cuidados. Este sistema debe proveer “la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda.

El caso tiene directa relación con el principio de reparación plena, pero también con las garantías y derechos humanos de la actora como integrante de aquel grupo vulnerable: derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, entre otros (Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores).

Pese a tener constancia de que la residente era una persona que deambulaba mucho y se levantaba todas las noches, no se tomaron las medidas de seguridad oportunas ni se llevó a cabo el correspondiente protocolo de actuación que hubiera evitado la caída de la misma y, por ende, el fallecimiento de ésta.

El máximo Tribunal consideró que la privación total de libertad en su domicilio del imputado, dadas su actual estado de salud, garantiza los fines de procedimiento y la seguridad de la sociedad y la víctima.

El amparo no es una vía idónea para resolver lo solicitado, considerando que existe un recurso de apelación pendiente respecto de la misma resolución que se impugna, refiere el voto en contra.

Esta iniciativa surge del problema que producen las nuevas máquinas de pago táctiles de teclado digital plano, denominadas terminales de punto de venta (TPV o POS), caracterizadas por la inexistencia de botones, imposibilidad de conectar audífonos y establecer un orden aleatorio de los números, lo cual hace imposible el uso autónomo para las personas con discapacidad visual y muchos adultos mayores.

Los parlamentarios resaltan que el aumento en los avalúos fiscales ha resultado en contribuciones que se han vuelto excesivamente onerosas e inasequibles para las personas jubiladas de 65 años de edad, que cuentan con resolución de discapacidad.

El asunto que la recurrente plantea a conocimiento de esta Corte está sujeto al imperio del derecho para ser conocido y resuelto por el tribunal de familia que ejerce funciones a través del Centro de Medidas Cautelares, centro que ha adoptado las medidas preventivas pertinentes.

Una correcta materialización de la protección integral en el derecho a la salud de las personas mayores supone identificar los factores que perpetúan la rigidez del sistema y pueden comprometer los derechos fundamentales, y hacer cambios graduales institucionales y sociales con los ajustes necesarios para adecuarlo a las situaciones de vida distintas de la población mayor, en virtud del principio de solidaridad.

La iniciativa apunta a la construcción de un sistema electoral más justo, respetuoso, inclusivo y democrático para todos los chilenos.