Mediante una resolución, la Cámara pide financiar dicho dispositivo de corrección visual para niñas, niños y adolescentes en edad escolar y adultos mayores en situación vulnerable.
La iniciativa busca endurecer las sanciones relacionadas con la utilización de menores en la comisión de delitos y responsabilizar a los adultos que participen en estos actos, para lo cual modifica el artículo 72 del Código Penal en busca de crear un marco legal más sólido que desincentive la involucración de menores en actividades criminales y promueva la protección de los derechos y la seguridad de los niños y adolescentes en el país.
Iniciativa responde a una inquietud ciudadana expresada por la Presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Rancagua, quienes han expresado su preocupación por la seguridad de las personas mayores en viajes turísticos.
En los últimos años, los esfuerzos por poner de relieve la importancia de respetar y garantizar los derechos de las personas mayores en las Américas y el Caribe se ha vuelto una cuestión de orden público internacional. La CIDH en 2017 creó la Unidad para los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, con la intención de profundizar su institucionalidad, desde el 2019 la Unidad se convirtió en Relatoría Temática.
Por medio de una resolución, la Cámara pidió al Ejecutivo enviar un proyecto de ley que incorpore a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, en el decreto 825, que fija la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, eximiéndolos del pago de IVA.
A través de un proyecto de acuerdo, el Senado solicitó al Ejecutivo que implemente políticas públicas necesarias para este fin, “como medida útil, efectiva y necesaria para propiciar su integración y autonomía en la sociedad”.
Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.
La resolución solicita, también, proporcionar de brazaletes a quienes estén diagnosticados con el trastorno del espectro autista (TEA).
La restricción de visitas afecta la conservación de los vínculos familiares y personales de la persona en cuyo favor se recurre, sin que conste que esta limitación se deba a su propia voluntad.
El padre no ha justificado adecuadamente la proporcionalidad de la medida adoptada de restricción del contacto físico y directo entre el recurrente y su madre.
Sin perjuicio de otras acciones que le corresponda al padre para reclamar asistencia económica o instar por sanciones por presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos en su contra.
