La controversia plantea un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar, sobre el que no hay doctrina constitucional.

El proyecto también busca garantizar este derecho a las personas con discapacidad. Además, presume la existencia de medios para otorgar los alimentos por parte del alimentante.