La demandante pidió que la AFP en la que está afiliada rinda cuentas sobre la administración de su fondo de pensiones, materia que debe ser conocida por la judicatura laboral, por mandato expreso del artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, por lo que, al negar la tramitación, los jueces de fondo han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

La ley faculta al tribunal competente a requerir la información financiera de las personas deudoras y a ordenar la retención de fondos desde cuentas bancarias, instrumentos de inversión e incluso fondos previsionales, para hacer efectivo el pago de las pensiones adeudadas.

En este caso no existe certeza acerca de la muerte del padre del titular de los fondos, por lo que no corresponde la entrega de estos a título de herencia a los hermanos.

El máximo Tribunal estableció falta o abuso grave al denegar la entrega de la información solicitada por ley de transparencia y descartó que su publicidad afecte derechos comerciales o económicos de la AFP.

Habrá un rol para la participación privada como inversores, al mismo tiempo se agrega una alternativa pública con la cual deberán competir. El rol de estos inversores estará focalizado donde pueden agregar más valor para los afiliados: en invertir bien los fondos y generar rentabilidades para que puedan multiplicarse.

La intervención en los mandatos constitucionales relacionados con el acceso futuro a una pensión digna, el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera, es de intensidad leve, tomando en cuenta la falta de certeza sobre el riesgo presunto y toda vez que no necesariamente todos los afiliados al sistema privado han hecho efectivo el retiro.

Si en el formulario de adhesión a una AFP se utilizan afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre, voluntaria y sin presiones», u otras similares, no libran a las AFP de su obligación de brindar información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y las consecuencias asociadas al traslado entre ellos. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado.

Al contar con los antecedentes requeridos para pagar, no corresponde que la AFP solicite otra documentación.

La AFP no excedió su objeto social al enviar la misiva.

El artículo 14 de la Ley N°21.254 establece el deber de consulta de la AFP a sus afiliados por la eventual existencia de deudas alimenticias y la obligación de suspender la tramitación del retiro en caso de deudas, por lo que no suspender el retiro de fondos constituye una omisión ilegal y arbitraria, que afecta las garantías constitucionales de los alimentarios.