No existe una explicación razonable que justifique porqué la recurrida no hizo gestiones encaminadas a evitar el detrimento de los dineros solicitados para su retiro.
El objetivo es que las cotizaciones efectuadas en las instituciones previsionales del antiguo sistema se incluyan en la cuenta de capitalización del afiliado, a fin de incrementar los recursos de la misma.
Se busca limitar la actuación en materia de distribución de utilidades de tales sociedades, atendido el tipo de cotización de seguridad social que administran.
Los fondos solicitados corresponden al período trabajado dentro del país, y deben ser reintegrados en cumplimiento de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156.
La recurrida sostuvo que la suma retenida estaba destinada a cubrir la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.
La Corte de Santiago ordenó a la entidad reponer los montos retirados por una deuda de alimentos inexistente.
Tal modalidad prevista en la Ley N°17.322 constituye una norma especial, orientada a evitar la dilatación de la ejecución por negligencia del empleador y no del organismo de seguridad social.
Por medio de una resolución de la Cámara de Diputados, se insta al Ejecutivo a exigir a las administradoras la aplicación de una tabla de cálculo que promueva rentabilidades promedio mínimas de los fondos A, B, C, D y E.
Al no entregar oportunamente los fondos pagados por error, la institución ha conculcado el derecho de propiedad del recurrente.
La misiva no tenía por fin último hacer una crítica a un proyecto de ley o a una política pública.
