La Corte Suprema estimó que no puede otorgarse indemnización de perjuicios por daño moral a los nietos del fallecido, pues aquellos no habían nacido al momento del crimen contra su abuelo, por lo que no existe nexo causal entre la pérdida de su pariente y la reparación que pretendían por parte del Estado.
La ministra Vivanco consideró que se cumplen los requisitos para acceder a la extradición, ya que el proceso se tramitó en Italia de acuerdo a las normas del debido proceso y se rechazó la excepción de aplicación del Decreto Ley de Amnistía al tratarse de crímenes de lesa humanidad.
El recurrente fue condenado por un Tribunal Naval, previa confesión del delito obtenida después de varios días de tortura por parte de agentes del Estado para que reconociera el ilícito o señalara a un tercero culpable.
El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
Aumentó el monto indemnizatorio en atención a la edad de la víctima al momento de los hechos, la duración y reiteración de los vejámenes, el padecimiento físico y emocional sufrido y la naturaleza de las torturas de connotación sexual acometidas atendido su género.
El Estado debe responder en forma refleja por los hechos ejecutados por sus dependientes.
