El juez dio por acreditado que entre el 26 de marzo de 2020 y noviembre de 2021, el inmueble que habitaban los demandantes sufrió el afloramientos de aguas servidas, el que pese a las obras de inspección y reparación, no fue solucionado por la demandada.
El propio recurrente o quien le arrienda tiene responsabilidad por las inundaciones, toda vez que la construcción de la conexión de alcantarillado es irregular y no está adecuada para soportar las lluvias.
La medida impide el uso y goce del inmueble de la actora y constituye un riesgo para la salud por el acopio de aguas.
No se acreditó que los actores solicitaran asistencia a la recurrida, y dado que ésta informó haber solucionado la emergencia no existen medidas que adoptar.
La formulación de cargos se basa en dos denuncias presentadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente, una por la Seremi de Salud Los Ríos, en enero de 2016, y otra ciudadana, presentada en abril de 2018.
