Las autoridades no lograron encontrar un equilibrio justo entre las demandas del interés público, por un lado, y el derecho del demandante al disfrute pacífico de sus posesiones, por el otro. En consecuencia, hubo una violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 del Convenio en relación con la parte del terreno que no estaba ocupada por edificaciones no autorizadas.
Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.
