El alcalde de la Municipalidad de Rancagua estima que la norma objetada vulnera el derecho a la defensa, desde que se le impide ejercer su derecho a presentar pruebas de descargos, examinar la prueba de cargo y, en definitiva, de ejercer su derecho a una defensa técnica, en cambio, le otorga una ventaja indebida al órgano persecutor.