El alcalde y la directora de administración y finanzas de la comuna, apelaron la sentencia de primera instancia que les ordenó reintegrar a las arcas municipales 25,53 UTM, decisión que fue confirmada en segunda instancia, sin embargo, el tribual de alzada consideró como único interviniente a la directora, excluyendo de la tramitación y fallo al edil, omisión que vulneró el debido proceso del jefe comunal.

Concejales acusan que el Alcalde ha contravenido gravemente las normas sobre probidad administrativa y ha incurrido en notable abandono de deberes.

Añade que la facultad de condonar pretensiones como la del recurrente corresponde al Tesorero General de la República.

El requerimiento acusa a la edil de incurrir en la causal prevista en el artículo 60 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Municipalidades.

El alcalde cuenta con facultades para adoptar una decisión como la de modificar su imagen corporativa, toda vez que se trata de una determinación de tipo administrativo.

El Tribunal de alzada consideró que la entidad edilicia carece de legitimación para recurrir de la decisión.

El Tribunal de alzada desestimó el recurso, por considerar que no se advierte ilegalidad alguna en lo manifestado por la autoridad comunal.

Alega que el ex edil incurrió en notable abandono de deberes e infracciones graves y reiteradas a la probidad administrativa durante el ejercicio de su cargo.

No pagó oportunamente las cotizaciones previsionales de trabajadores municipales que resultaron vencedores en diversos procedimientos judiciales laborales, por lo que el municipio incurrió en millonarios gastos solo por concepto de multas en beneficio de los actores.

En el caso sublite, no existe una preponderancia a priori de un derecho respecto del otro, ya que ambos (derecho a la honra v/s libertad de expresión) son denominados de segunda línea, a diferencia, a todo ejemplar, de la vida, integridad física, igualdad, entre otros.