La Cámara de Diputados respaldó la indicación que crea un registro especial para las postulaciones a alcaldes y gobernadores regionales que habían sido rechazadas por el Tricel.
Los recurrentes estiman que la entidad y cuantía de los hechos descritos son suficientes para configurar las causales de notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa.
El recurrente afirma que la suspensión del derecho a sufragio significa que, lisa y llanamente, no se puede votar, pero no significa que no se pueda ser candidato a alcalde.
La sentencia explica que la expresión que usa el constituyente respecto al período en que los candidatos no podrán haber estado afiliados a un partido político “entre el 26 de octubre de 2019 hasta el vencimiento del plazo para declarar candidaturas” denota claramente los límites en que debe considerarse el plazo a que se hace referencia.
El TER señaló que el Servicio Electoral constituye el ente administrativo mandatado por ley, para advertir y objetar defectos que se presenten en el proceso de inscripción de candidaturas, función que precisamente ha cumplido por medio de la resolución denegatoria.
El actor accionó de protección sin señalar la o las personas en cuyo favor se dedujo la el recurso.
No corresponde resolver la remoción de un Alcalde a raíz de cualquier incumplimiento de deberes, dicho actuar debe causar un grave detrimento al patrimonio de la Municipalidad o transgredir de manera inexcusable la legislación.
Las decisiones impugnadas son políticas públicas del Poder Ejecutivo y constituyen actos de gobierno.
El recurso arguye que la resolución recurrida yerra porque confunde instituciones de derecho público y extrapola los parámetros de la restricción legal más allá de lo establecido en la reforma constitucional.
El reclamante arguye que se fechó erróneamente su renuncia al partido político, y que por eso no cumpliría, según el Servicio, con el requisito de ser independiente entre 26 de octubre de 2019 y 11 de enero de 2021.
