El proceso se ha extendido por 12 años, los demandantes alegan que la venta fue forzada -por un precio equivalente a un tercio del valor real de la colección-, como parte de la campaña de la Alemania nazi para perseguir a la población judía y confiscar sus bienes.

Los Ministros consideraron que la demanda, presentada por un colectivo de mujeres, no estaba suficientemente argumentada y no tenía el necesario respaldo legal.

En la presentación de la iniciativa, la ministra de la cartera reconoció que los avicultores deberían esforzarse por compatibilizar la rentabilidad de su actividad con la protección de los animales.

En esta decisión, el Tribunal difiere de su posición jurisprudencial, en donde se indica que los tribunales determinaron erróneamente una consideración penal a los mensajes despectivos “ACAB” Y “FCK CPS”, sin conclusiones suficientes que justificaran la decisión.