Se estimó que el actuar del acusado fue sobre seguro, al agredir de gravedad a una persona que ya había sido reducida por terceros. Asimismo, la magistratura consideró que el encartado no puede desconocer su dolo homicida, si luego del hecho, procuró ocultar evidencias y que los copartícipes omitieran declarar su participación en el mortal ataque.
El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.
Fueron condenados por el delito de homicidio agravado con alevosía por asesinar a un joven a las afueras de una discoteque. El caso generó gran cobertura mediática a raíz de la brutalidad del crimen.
La alevosía es compatible con la intoxicación semiplena por alcohol y drogas.
