Para que los allanamientos a lugares de trabajo de estos profesionales no vulneren el derecho deber o garantía-derecho del secreto profesional, deben haber sido previamente autorizados por el juez, cuya decisión deberá tener una fundamentación cualificada, que justifique la acción y detalle el ámbito de acción de los fiscales, a fin que el abogado pueda preservar, en todo momento, el secreto profesional.