El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la entidad pública al desconocer sus propias actuaciones y el tiempo que la alumna ha dedicado a la realización de la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública.
El requerimiento de evaluaciones diferenciadas debe realizarse dentro de un plazo que permita al centro educacional ajustarse aquellas labores, y no al final del año académico, como sucedió con la estudiante.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de base que rechazó la demanda, tras establecer que la casa de estudios no incurrió en actos discriminatorios en contra la alumna que pedía adecuaciones curriculares para continuar sus estudios.
El Tribunal estableció la responsabilidad e incumplimiento de contrato del establecimiento educacional por el maltrato brindado a la hija de los demandantes.
