Los afectados señalan que, pese a sus reclamos ante el municipio y en policía local, el conflicto continúa afectando gravemente su calidad de vida y convivencia en el barrio, agravado por la sensación de inseguridad y falta de respuesta de las autoridades competentes.
El fallo impugnado no ha analizado toda la prueba rendida en juicio. En particular, no destina una sola palabra a explicar qué valoración le ha atribuido a la prueba documental presentada por la defensa, la que sólo es mencionada (sin valorarla) ni tampoco a la declaración exculpatoria que el imputado prestó en el juicio.
El control de racionalidad de las decisiones absolutorias por parte de los tribunales superiores debe hacerse no desde posiciones subrogadas, de sustitución de un discurso racional por otro que se estima más convincente o más adecuado, sino mediante la aplicación de un estándar autorrestrictivo o de racionalidad sustancial mínima.
La Corte recordó que, al momento de verificar las condiciones de seguridad de un periodista, las autoridades encargadas se encuentran en el deber de evaluar de manera diligente el riesgo en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias que implican ejercer su labor.
La querellante sostuvo que el fallo de absolución sólo contenía la parte resolutiva, remitiendo las consideraciones y razonamientos del tribunal “al audio de la audiencia de juicio simplificado”, omisión que infringe el artículo 39 en relación con los artículos 381 y 396, todos del Código Procesal Penal.
Los propietarios del animal afectado dieron cuenta de distintas agresiones del acusado por su condición de homosexuales, dentro de las cuales se encontraban amenazas de muerte a ellos y a su perro.
La víctima indicó no conocer a los sujetos que concurren a su domicilio, tampoco señaló que todos los ocupantes le amenazaron o dispararon, en cambio, los funcionarios policiales antes de finalizar la persecución vieron al acusado lanzar un objeto desde el vehículo que resultó ser un arma prohibida.
El «discurso del odio» plasmado en el Código Penal, precisa crear un clima de tensión que pueda propiciar actos ilícitos, o un acto de humillación grave a un grupo vulnerable o a sus miembros por motivos discriminatorios.
Los conflictos de esta naturaleza entre vecinos y que han sido denunciados ante la policía, deben continuar en la justicia ordinaria, en un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, y no mediante la vía cautelar que es para la vulneración de derechos indubitados que requieran una rápida respuesta de la magistratura.
El requerido junto a otros coimputados robaron más de 13 millones de pesos colombianos a la víctima, quien se vio forzada a acudir a un banco a retirar dinero junto con el acusado para evitar “mayores consecuencias”. El acusado se allanó a la extradición, y la entrega se hará de forma diferida, una vez que el encartado sea absuelto o cumpla una eventual condena por un delito de robo con intimidación, que actualmente lo mantiene en prisión preventiva.
La víctima percibió de un modo indubitado el mal que se le anunciaba mediante la conducta del condenado, configurándose, por tanto, el elemento de seriedad.
