La negativa para acceder a la solicitud de traslado de la docente sin atender en forma debida la existencia de las amenazas que ha recibido contra su vida e integridad personal por un grupo al margen de la ley, no solo vulnera sus derechos a la vida digna, a la integridad personal y a la salud a nivel psicológico, sino que también configura un riesgo de afectación psicológica como resultado de la ruptura de la unidad familiar.