En diversos foros internacionales, Arabia Saudita ha sido objeto de evaluaciones en las que se han planteado preocupaciones por la situación de los derechos humanos en su territorio. En particular, recientemente no obtuvo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, decisión atribuida a cuestiones sobre derechos fundamentales.
Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio, sostiene Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, manifestó que este informe y otros emitidos por la sociedad civil son recogidos por el Estado de Chile. Las observaciones, las brechas y las críticas deben ser entendidas como un medio para ser abordadas con sinceridad en un mundo complejo.
Los tribunales turcos confirmaron la multa en sentencia sumaria, sin pronunciarse sobre los motivos de apelación presentados por los demandantes. No podía pasarse por alto que la ONG había aportado pruebas en apoyo de su afirmación de que había declarado los fondos que recibió.
El país africano ha reprimido férreamente a las personas de este colectivo, que si son descubiertas realizando actos sexuales arriesgan penas de cárcel. En general, la sociedad tunecina es muy tradicional y tiene poca tolerancia con estos actos, lo cual de cierta forma explica la severidad de su legislación.
En el hipotético caso de que hubiera existido torturas y que las declaraciones policiales se obtuvieran bajo las mismas, es preciso dejar sentado que la declaración condenatoria de la procesada no se efectúa en base a estas declaraciones policiales.
En numerosos casos, la pasividad de las autoridades a la hora de tomar medidas sobre denuncias y prácticas discriminatorias concretas ha dado lugar a una cultura de abusos que las mujeres condenadas a muerte han tenido que soportar previamente, con lo que, luego, sufren una segunda discriminación en el sistema de justicia penal.
La campaña insta a la Fiscalía Regional de Valparaíso y Fiscalía Local de La Ligua a que generen canales de denuncia expeditos para quienes defienden los derechos humanos prestando especial atención a Mujeres Modatima, esto en virtud de que ellas ya han sido víctimas de diversos ataques. A su vez, exige que aseguren que el actuar de la PDI y Carabineros sea coordinado, oportuno y no intimidatorio.
663 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.
El movimiento internacional se suma a exigir que se investigue de manera exhaustiva a todos los involucrados en estos y todos los hechos de violencia policial incluyendo a la línea de mando.
Investigadora del organismo solicita que Pfizer-BioNTech aclare urgentemente cómo va a optimizar el acceso a la vacuna en países de ingresos medios y bajos para salvar vidas.
