No se tienen antecedentes ni se ha justificado por la autoridad administrativa que, desde la conducta sancionada en su país de origen, la amparada haya incurrido en el mismo u otro ilícito que permita descartar que aquel por el que fue condenada no haya correspondido a un hecho aislado.
Se le debe permitir su ingreso al territorio nacional para el solo efecto de regularizar su situación migratoria fundado en razones humanitarias para la asistencia de sus hijos y cónyuge accidentado.
La decisión de la autoridad administrativa de expulsar a las personas que ingresaron de manera ilegal al país hace dos años, las que se encuentran desarrollando un plan vital en el país y han generado un gran arraigo en éste, es desproporcionada y carente de los fundamentos suficientes.
