La empresa afectada acusó vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica lícita, en circunstancia que el local funcionaba como un casino online, llegando incluso a detectar los fiscalizadores en el sitio pagos a diferentes apostadores, sin contar la recurrente con el permiso adecuado para ejercer tal giro.
Los recurrentes acusaron que el municipio de Coquimbo actuó de forma arbitraria al no recibir el pago de patentes otorgadas para explotar el giro de máquinas de habilidad, argumentando no poseer nuevos informes técnicos sobre la materia, acción que perdió oportunidad cuando el recurrido accedió a recibir el pago de los tributos mientras se discutía el recurso.
La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo económico interpuesto en contra de la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano S.A., por supuestos bloqueos y cierres de las vías de acceso al público
La actora alegó la privación del legítimo ejercicio de su actividad industrial y comercial con motivo de la aplicación e interpretación del cambio de uso de suelo según planos que se han incluido en el Plan Regulador Comunal de Pudahuel.
El municipio de Melipilla clausuró el local luego de verificar que el amparado explotaba una patente comercial diferente, y que no pudo demostrar que las máquinas no eran juegos de azar, por lo que la actividad desarrollada no correspondía ser tutelada por el artículo 19 N°21 de la Constitución.
El terreno donde se ubica la feria no corresponde a la calidad de bien nacional o fiscal bajo tuición municipal, por consiguiente, mal se pueden otorgar los permisos solicitadas
El Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad de esta norma respecto del recurrente, pues vulnera la libertad de desarrollar una actividad económica.
Sólo resulta apelable la resolución que resuelve el fondo de la acción cautelar.
La actora alegó que la excesiva demora en la resolución de la solicitud de alzamiento de la clausura vulnera el derecho a desarrollar su actividad económica.
No se acreditó la existencia de un derecho ancestral que habilitara al actor para extraer el recurso hídrico que necesita para regar su predio agrícola.
La imposibilidad de participar en nuevas licitaciones públicas no resulta una afectación a la garantía del actor, por cuanto puede desarrollar su actividad con otras entidades.
