El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada por la empresa y le ordenó a la Municipalidad de Arica emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de patente, una vez que la sociedad recurrente cumpla con los requisitos detallados en resolución.

Amparada reclamó sanción administrativa que modificó su calificación de muy buena a mala, perjudicando su postulación al beneficio de libertad condicional.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que la recurrida no ha demostrado que informó claramente a la familia lo sucedido y la situación actual del amparado.

El órgano de la Administración argumentó su negativa en la falta de personal disponible para satisfacer la solicitud cursada, en razón del volumen de la información que se pedía analizar y el tiempo necesario para ello.

La decisión de amparo dictada por el CPLT se encuentra ajustada a la ley, debidamente fundada, y en consecuencia no adolece de ilegalidad.

El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario del tribunal de base al dictar orden de detención de imputado por no asistir a audiencia en la cual el Ministerio Público comunicó decisión de perseverar en el procedimiento.

El amparo responde a todos los demás derechos fundamentales que no se encuentren regulados necesariamente en las legislaciones nacionales. De manera que podrá recurrir a esta acción de carácter procesal toda persona que sea privada del ejercicio de sus derechos, los cuales han sido reconocidos de modo expreso o implícito por la Constitución o por una ley dictada en su consecuencia.

El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para su supervisión.

El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que el actuar de Gendarmería se ajusta a derecho y a las facultades que posee para proceder a la reubicación de los internos, de acuerdo a un plan que buscan evitar el hacinamiento de la población penal. 

La resolución no configura una perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual del actor.