El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.

El Poder Ejecutivo Nacional alegó que la sentencia recurrida es arbitraria, pues resulta excesivo sostener que la norma impugnada del Decreto incurre en un exceso reglamentario, en cuanto es competencia del Poder Ejecutivo establecer los requisitos para acceder a un cargo.

Al no haberse otorgado esa posibilidad se justifica acoger la acción cautelar con la sola finalidad que el tribunal a quo la lleve a efecto y resuelva luego como en derecho corresponda la solicitud de la defensa con todos los antecedentes de convicción necesarios.

El tribunal, además, ha realizado las gestiones necesarias para la protección del interno, con lo cual la decisión aparece revestida de suficiente fundamento.

Si la medida se dispuso por motivos de aislamiento preventivo, por razones de seguridad, se configura una ilegalidad, por lo que se le debe permitir recibir encomiendas y visitas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias atingentes.

Debe atenderse a las dañosas consecuencias que el cumplimiento de la orden de arresto puede tener para la salud del amparado, lo perturba su derecho a la seguridad individual, garantizado en el artículo 19 número 7 de la Constitución.

Si bien la identidad de género es un factor que se considera dentro de los procesos que ejecuta el Servicio Mejor Niñez, la información aún no es ingresada en el sistema de información, no contando actualmente dicha variable en sus registros.

La resolución denegatoria indica que no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social, toda vez que no existen antecedentes que den cuenta que rechace explícitamente el delito cometido ni del mal causado por aquél.

Tampoco en caso que la audiencia haya sido solicitada por funcionarios públicos a título personal o en representación de un gremio, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

En ejercicio de su potestad cautelar, el Tribunal de Familia deberá adoptar las medidas necesarias para la atención integral de la adolescente, debiendo citar al curador ad litem y al representante del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, ordena el máximo Tribunal.