La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.

Los antecedentes recopilados constituyen antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, por lo que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del INDH.

Divulgar íntegramente un expediente sumarial terminado, supone restar efectividad a las labores de cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento, acoso sexual o maltrato, y también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz.

Dar cuenta de la afiliación de trabajadores a una asociación de funcionarios, o de cualquier antecedente que logre identificarlos, constituye información reservada.

La resolución se decretó por el incumplimiento del pago de una multa, que se relacionaba con el nombramiento de un perito como medida para mejor resolver, la cual habría vencido, razón por la que la Corte estimó que el arresto carecía de proporcionalidad y validez.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del tribunal de primera instancia al dictar la orden de detención del amparado.

El Tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción constitucional, al no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la resolución judicial impugnada ni existir perjuicio o amenaza a alguna garantía fundamental del amparado.

Si bien las conmemoraciones y actividades previstas en la norma impugnada refieren a dos figuras que pertenecen a una religión determinada, solo lo hacen en la medida en que se vinculan con la historia y la tradición cultural de la Provincia de Mendoza.

De lo contrario, se conculca la libertad personal del amparado quien es considerado como refugiado al huir de las condiciones adversas de su país para reencontrarse con su familia en Chile.

Es Gendarmería quien debe velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que no se aprecia un actuar ilegal y arbitrario por parte del Tribunal.