No puede dejar de observarse la existencia de arraigo familiar en este país, lo que lleva a concluir que los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a las circunstancias y, sopesando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constitución.
El encartado pretendía anular el juicio oral, al sostener que la incorporación de su extracto de filiación para acreditar su responsabilidad era una prueba nueva no anunciada en el auto de apertura, no obstante, el máximo Tribunal desestimó su petición, al considerar que la culpabilidad del acusado estaba bien fundada en las pruebas incorporadas en juicio, por lo que no es óbice para la nulidad el invocar sus antecedentes criminales pretéritos.
Dar un “me gusta” es comunicarse directamente con ella porque la víctima no puede hacer nada para evitarlo al tratarse de un usuario que desconocía y que, por tanto, no tenía bloqueado. Y ello no es un acto involuntario del acusado porque, aunque la publicación era abierta, entró a su perfil y pinchó el icono correspondiente.
El amparado no mantiene orden de arraigo pendiente y la causa invocada por el Servicio de Registro Civil se encuentra terminada, en tales condiciones la negativa de esta institución aparece desprovista de fundamento en lo que dice relación con dicho proceso.
El amparado cumplió una condena en 1999 en Colombia por el delito de tráfico de armas, e ingresó a Chile por paso habilitado y como turista en 2016, manteniendo a la actualidad una conducta irreprochable, demostrando asimismo poseer arraigo laboral, social y familiar, motivos por los que la Corte Suprema estima que el actor se encuentra insertado en nuestra sociedad, y la medida de expulsión carece de motivación y proporcionalidad.
Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.
El Registro Civil no sólo desatiende las reglas lógicas que propenden a una interpretación armónica de la normativa relacionada con la omisión de antecedentes penales, manteniendo las anotaciones descritas en la hoja de vida del conductor del recurrente, sino que además genera obstáculos para su reinserción social.
La recurrida negó por unanimidad la sustitución de la pena al condenado, precisando pormenorizadamente los motivos por los cuales tomó dicha decisión, sin que se advierta en ello ilegalidad o arbitrariedad.
Si resulta posible omitir las anotaciones en el Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
El recurrente fue condenado en el año 2000 y 2008 por manejo en estado de ebriedad, y luego de cumplir ambas condenas se omitieron judicialmente estos antecedentes, no obstante, el Registro Civil se negó injustificadamente a omitir las condenas de la hoja de vida del conductor, lo que vulneró la igualdad ante la ley del actor.
El máximo Tribunal estimó que la petición de la Corte de alzada quebrantó la imparcialidad de los jueces de fondo, privando al acusado de su derecho a un proceso racional y justo.
