Se trata de los proyectos modificatorios a los protocolos del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y de la Asociación Económica Integral entre Chile e Indonesia.

La Corporación tiene el deber de contar con la autorización del Servicio de Salud para la entrega de alimentación en el establecimiento; mantener la estructura de los pisos, muros, cielos y techumbre en buen estado, de modo que no presenten riesgos y garanticen la seguridad de los usuarios; y contar con el personal idóneo.

El máximo Tribunal hizo lugar a la acción deducida por el sindicato de profesores de la Corporación, que hicieron ver a la magistratura las paupérrimas condiciones en las que deben hacer clases en el Liceo La Portada, tales como, plaga de roedores, falta de mantención en las instalaciones del liceo, y servicios sanitarios deficientes.

Adicionalmente, el Senado acordó “dar un tratamiento similar al que se le da a la macrozona sur”, autorizando las sesiones secretas de las Comisiones de Defensa y Seguridad, unidas, para que puedan recibir información y detalles de los avances.

Por aplicación del principio de especialidad, dichos profesionales se encuentran reglados por el Estatuto Docente, por tanto, su contratación no posee el carácter de laboral, y rigen a su respecto las normas del Estatuto especial al momento de finalizar su prestación de servicios.

La Novena Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la autoridad fiscalizadora al aplicar la sanción.

La agente fue destinada de Ñuñoa a Antofagasta, e intentó revertir la decisión argumentando que su núcleo familiar se encontraba consolidado en la capital, no obstante, la Corte consideró que la esencia de la labor policial es la movilidad institucional, ya que sus funciones deben cumplirse a lo largo y ancho del territorio nacional, hecho conocido y aceptado por todos los que integran las filas de la institución.

Anuló de oficio la sentencia de alzada que confirmó la de primera instancia que otorgó la servidumbre, con declaración de que el plazo será de 40 años. Los jueces de fondo no expusieron el razonamiento que los llevó a conceder tal cantidad de tiempo, en circunstancias que el Fisco cuestionó la existencia de proyectos mineros en el predio afectado, configurándose un vicio de nulidad formal por la falta de justificación del fallo.

Los actores acusaron que el Tribunal Supremo de la colectividad les aplicó la sanción de expulsión en un procedimiento en que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, ni presentar pruebas, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

La ocupación a título gratuito corresponde a aquella en que no existe retribución alguna a los demás comuneros. La sola existencia de gastos -como consumos domiciliarios de servicios básicos- obedece más bien al uso que se le da al bien, y en caso alguno alteran que se esté haciendo uso gratuito de la cosa.