La incertidumbre no sólo es antijurídica, por contravenir el deber de motivación de las decisiones administrativas terminales, sino que atenta en contra del derecho a la igualdad ante la ley, por la falta de antecedentes que le permitan entender si la normativa sectorial ha sido correctamente aplicada.

El debido proceso exige racionalidad y justicia en los procedimientos y precisamente lo racional, y también lo justo, incluye una adecuada celeridad en la tramitación de los juicios, lo cual supone que los recursos, particularmente aquellos a interponer para ante un tribunal superior, estén limitados, en el caso de las resoluciones intermedias, de manera de evitar dilaciones excesivas.

La Constitución no define lo que debe entenderse por debido proceso y los elementos que lo configuran varían según los fines que persiga el procedimiento de que se trate. Además, no corresponde al Tribunal determinar qué sistema de revisión de las decisiones judiciales es el más idóneo.

En el marco de la causa denominada “tren de Aragua”, el Juzgado de Garantía de Arica decretó la comparecencia personal de seis imputadas a la audiencia preparatoria de juicio oral, decisión apelada por Gendarmería por el nivel de riesgo del traslado en atención a la peligrosidad de las imputadas y la organización criminal a la que pertenecen; apelación declarada inadmisible por la Corte de Arica, en circunstancias que -como resolvió el máximo Tribunal- debió ser tramitada pues la institución no es un tercero ajeno a la magistratura y su opinión especializada respecto del traslado de reos es válida.

Debe considerarse que constituye una carga ilegítima mantener la situación de indefinición por un período prolongado, en vista de mantener el estado de incertidumbre y que igualmente puede estimarse incide en una pérdida substancial de la garantía del debido proceso.

No resultaba aplicable a su respecto el artículo 223 bis del Código de Procedimiento Civil, y aun así fue llamado por teléfono, sin que la sala tuviera obligación alguna de hacerlo, aduciendo que no pensó que se agregaría la causa para el jueves de semana santa, en que el día siguiente era feriado, porque estimó que se conocería el día sábado, encontrándose en la fila del banco, informó la Corte de Punta Arenas.

Llama la atención a la Corte que a la sentenciadora de base le bastase la mera afirmación de que el condenado fuera un hombre de familia y el sustento de su hogar, para otorgar, sin más, la pena sustitutiva solicitada por esa parte, sin ninguna otra información.

El actor adujo que, el director del nosocomio de Antofagasta carecía de la facultad para rechazar un recurso que buscaba revertir la destitución impuesta por un sumario, en circunstancias que el artículo 36 letra f) del D.F.L Nº1 sitúa al Director del recinto como el jefe de dicho servicio, por lo que el sumario y destitución alegados se ajustaron a derecho.

El contenido del texto denunciado es meramente narrativo, sin que se observe que, en sus definiciones, persiga agregar o adicionar alguna enseñanza o consideración sobre la moral sexual, ni tampoco que busque alterar o vulnerar la dimensión afectiva y sexual de los niños, niñas y adolescentes.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que la única instancia que se permite es el reclamo de ilegalidad regulado en la Ley de Casinos, privándole, por tanto, del derecho a recurrir ante la Corte Suprema contra el fallo de la Corte de Apelaciones que falle el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de las resoluciones de la Superintendencia de Casino de Juego.