Negar la autorización importaría asumir una concepción sesgada y estereotipada del rol de madre, postergándose en su propio desarrollo para privilegiar el rol de cuidadora del hijo.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Resultan aplicables los artículos 79 del Código Penal y 468 inciso 1° del Código Procesal Penal, normas que, por especialidad y por resultar dicha interpretación más beneficiosa al amparado, deben ser preferidas respecto del estatuto general del recurso de apelación previsto en el artículo 368 del Código Procesal Penal.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que a pesar de que no fue legalmente notificado de la sentencia que lo condenó, no puede recurrir respecto de la sentencia interlocutoria que desestimó el incidente de nulidad procesal que promovió por habérsele notificado el fallo de fondo en un domicilio que no es el suyo.

En el ámbito jurídico, un individuo autista no puede ser calificado como enfermo, toda vez que su condición es una diferenciación cognitiva dentro de la diversidad natural y propia de la naturaleza humana, pero que en caso alguno lo puede situar en la categoría de lo patológico, ni menos aún en una posición de menoscabo de su dignidad.

Si entre las necesidades de los alimentarios se valoriza el trabajo de la madre como cuidadora con el propósito de determinar la proporción en que cada progenitor deberá contribuir a satisfacer sus necesidades, ello no implica, que dicho monto deba ser cubierto en su totalidad por el alimentante.

El recurrente puede no compartir o cuestionar el referido plan, pero no por ello se debe concluir que su contenido afecte las garantías constitucionales del derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley de los niños y niñas.

Es necesario reconocer al establecimiento educacional la posibilidad de dilucidar si el actuar del alumno constituyó o no una infracción a las reglas de convivencia, en virtud de un procedimiento desarrollado con respeto al debido proceso.

El quantum de la compensación no debe necesariamente ser equivalente a las capacidades o ingresos que el otro cónyuge obtuvo durante la vigencia del matrimonio, sino que debe analizarse desde el punto de vista de las aptitudes y potencialidades del cónyuge beneficiario.

La decisión de excluir a los querellantes, hipótesis que no ha sido prevista de manera expresa por el Código Procesal Penal, resulta equivalente, en lo que dice relación con sus efectos, a la contemplada en el artículo 115 del Código Procesal Penal.