Aunque la orden impugnada fue dictada por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, esta Corte estima que la misma adolece de un vicio de legalidad en razón de los antecedentes hechos valer en esta sede.
Los argumentos del recurrente deberán ser objeto de una incidencia que aún se encuentra pendiente de resolver, y el apremio, además, fue despachado en el año 2023, informa el recurrido.
La misma resolución que se pretende dejar sin efecto por esta vía fue objeto de impugnación por medio del recurso procesal pertinente al efecto, esto es, un recurso de apelación, en cuyo conocimiento se confirmaron los apremios que se pretende dejar sin efecto por esta vía constitucional.
Sin perjuicio de lo cual, para garantizar el cumplimiento de lo que en definitiva se ordene pagar al deudor, está vigente un embargo sobre un inmueble de su propiedad.
La resolución objeto de este recurso fue dictada por Juez competente, dentro de los casos previstos por la ley, cumpliendo con las formalidades legales establecidas para tales efectos.
Desde la fecha de la resolución ha habido peticiones aún no resueltas por el Tribunal, de prescripción de las pensiones decretadas y de suspensión de las medidas de apremio.
La vigencia de una medida de apremio debe ser establecida en los términos que mandata la ley, en este caso, debe repetirse cada 15 días hasta el pago de la deuda.
El artículo 49 del Código Penal no distingue respecto de si la exención del apremio sólo opera en el cumplimiento de la pena privativa de libertad que en la misma sentencia fuere impuesta o respecto de cualquiera que el condenado se encontrare cumpliendo.
Corresponde previamente disipar las consecuencias que tendría el informe referido en relación con las medidas apremio, por lo que estas medidas deben entenderse suspendida por el propio Tribunal.
Al encontrarse pendiente de resolver la propuesta de pago prestada por el deudor, la decisión del tribunal de no suspender los efectos de los apremios decretados en su contra deviene en arbitraria.
El máximo Tribunal consideró que los delitos investigados son parte del fuero civil y no de la jurisdicción militar, por lo que debe ser investigados por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía correspondiente.
