La falta de fundamentación alcanza a la distinta vara con que el tribunal mide a los testigos de la defensa en comparación a la prueba testimonial de cargo, no siendo correcta la diferencia de ponderación entre una y otra prueba.v

La quejosa acusó a los jueces de fondo de la Corte de Iquique, haber dictado con falta o abuso grave la resolución que declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia condenatoria, privándola de su derecho al recurso, sin embargo, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio al considerar que esta era la segunda vez que la acusada recurría de nulidad por los mismos hechos, respaldando la decisión de la magistratura penal.

En medio de una manifestación pacífica -llevada a cabo en el contexto del estallido social en octubre de 2019-, los uniformados llegaron al lugar y redujeron a la víctima, golpeándolo reiteradamente con pies y puños en su cabeza, provocando lesiones graves gravísimas, así como padecimientos neuronales permanentes en el ofendido.

En medio de una manifestación en octubre de 2019, el acusado disparó su arma antimotines desde el carro lanza aguas, provocando múltiples lesiones a la víctima, que producto de dichas heridas perdió la visión del ojo izquierdo. Los jueces estimaron que el fallo absolutorio vulnera el principio de no contradicción, al asignar valor a la declaración de la víctima, y a continuación, desestimarla para absolver al imputado.

Recaía en las autoridades la carga de la prueba de dar una explicación satisfactoria y convincente. Sin embargo, quedaron sin respuesta varias cuestiones importantes que las autoridades podrían y deberían haber abordado: si las acciones de los guardias penitenciarios y, en particular, el uso de gas pimienta sin previo aviso, fueron estrictamente necesarias, y si la operación había sido preparada adecuadamente y de conformidad con la normativa.

En la audiencia, y previa aceptación por parte del imputado de los hechos contenidos en la acusación fiscal, el magistrado aprobó el procedimiento abreviado propuesto por el Ministerio Público con la anuencia de los querellantes, imponiendo al sentenciado la pena única de 5 años de presidio.

Los jueces del fondo invocaron la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual -4 años-, para desestimar la indemnización por daño moral, solicitada por una víctima de tortura en manos de agentes del Estado, desde octubre de 1973 hasta agosto de 1974. El máximo Tribunal, hizo notar que la responsabilidad internacional de Estado en este tipo de casos es objetiva, por lo que la víctima debe ser reparada de forma prudencial.

El acusado disparó con su fusil de servicio y con munición letal a un manifestante que arrojó una piedra a un vehículo de Carabineros, causando lesiones permanentes en la pierna derecha de la víctima. El máximo Tribunal estimó que el hecho excedió el uso de la fuerza permitido por un agente del Estado en situaciones de control del orden público.

El tribunal dio por acreditado, que aproximadamente a las 21 horas del 22 de noviembre de 2019, en la comuna de La Serena, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, con ocasión de manifestaciones sociales que se verificaban a esa hora, junto con otros tres funcionarios no identificados, detuvieron a la víctima, un menor de 13 años de edad, a quien agredieron con golpes de luma en el rostro y cuerpo y, luego, trasladaron en calidad de detenido a la Primera Comisaría de la comuna.

El imputado Juan Pablo Leiva Puga funcionario de Carabineros, quien se desempeña en dicho lugar, con grado de cabo 2º, se acercó a la víctima y le propinó golpes a mano abierta en el rostro. Aproximadamente una hora después, regresó al lugar donde se encontraba detenido Garabito Acevedo, tomándolo del cuello y azotándole contra la pared, provocando que aquel cayera al piso.