El Tribunal dio por acreditado, que alrededor de las 10 horas del 22 de octubre de 2019, estando vigente toque de queda, en las inmediaciones de la plaza Condell de Concepción, Herrera Villa y otros dos funcionarios del Ejército realizaron un control a la víctima, Gastón Santibáñez Palomera. Contexto en el cual el condenado, infringiendo la normativa sobre reglas para el uso de la fuerza en estado de emergencia, le disparó a quemarropa, a unos 30 centímetros de distancia, con la escopeta que portaba.

El requirente estima que se vulnera su garantía de legalidad penal, el principio de legalidad y de taxatividad penal, junto a la eximente de legítima defensa.

El menor había sido detenido por el presunto delito de porte de arma cortante y trasladado a la unidad, donde el imputado lo golpeó en los baños del recinto, provocándole diversas lesiones.

La custodia de la detenida estuvo a cargo de J.A.R.Z., quien pasado unos minutos desde la salida del carro y mientras estaba en marcha, abrió el calabozo y ordenó salir a la víctima, indicándole que le haría una revisión de sus vestimentas por temas de seguridad, sacándole los grilletes y exigiéndole que se desnudara.

En el fondo se nos dice que hubo intención de causar sufrimiento porque las víctimas sufrieron, es decir, para el tribunal basta que hayan sufrido para entender que esa fue la intención del agente, ¿por qué?, no se sabe.

El máximo Tribunal consideró que los delitos investigados son parte del fuero civil y no de la jurisdicción militar, por lo que debe ser investigados por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía correspondiente.

La Corte Suprema tiene competencia privativa y excluyente para conocer de las vulneraciones a la normativa internacional, por lo que la eventual infracción que se habría cometido en la sentencia recurrida no puede ser constatada por esta Corte.

El Tribunal desestimó, con costas, las imputaciones al no lograr los acusadores, Ministerio Público e Instituto Nacional de Derechos Humanos, probar la comisión del delito y, consecuencialmente, la participación de los acusados en los hechos.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 1973, en el marco de la denominada “operación peineta”, que buscaba capturar a opositores del régimen militar en la zona cordillerana entre Concepción y Valdivia. Sin embargo, en fallo dividido, el máximo Tribunal sustituyó de oficio la pena privativa de libertad por la remisión condicional de la pena, aduciendo razones humanitarias en atención a los derechos que posee el condenado al ser un adulto mayor.

Los allanamientos y detenciones realizadas tuvieron lugar en el marco de la investigación de un atraco a una vagoneta que transportaba valores en La Paz, Bolivia, en el año 2001.