Al efectuar un control de identidad en el que el particular ya había exhibido su cédula de identidad, el imputado rehusó devolver el documento y por medio de la fuerza traslado a la comisaría a la víctima sin motivo justificado, causando lesiones al detenido.

Al haberse decidido por el Juez de mérito no ejercer sus facultades conservativas, fuera de los márgenes que autoriza el artículo 10, 14 letra a) y 36 del Código Procesal Penal, se ha incurrido en una ilegalidad que puede afectar los derechos fundamentales del amparado.

Detenidas fueron sometidas a su revisión. Les instruye desprenderse de la parte superior de su ropa, luego bajar su pantalón y ropa interior, disponiéndoles que se agachen, quedando su zona genital y anal desnuda y a vista de la funcionaria.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

En un segundo juicio, el tribunal desestimó la existencia de torturas, aunque condenó por apremios ilegítimos. El abogado defensor, indicó que “no renunciamos a ejercer ningún recurso (…) y hasta llevar el caso a la justicia internacional si fuera necesario”.

El requirente estima que el núcleo de la conducta penada no se encuentra descrito en la ley, infringiendo los principios de legalidad y tipicidad.

El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.

Constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar constitucional al no describir el núcleo esencial de la conducta. Vulnera lo dispuesto en los incisos 8° y 9° del artículo 19 N°3 de la Constitución, infringiendo el principio de reserva legal (lex scripta) y de tipicidad (lex certa).

El Tribunal tras el debate de rigor y ponderado la prueba rendida, dio por acreditado el delito y la participación culpable de las acusadas.

El Tribunal de alzada ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle proceder a la realización de un nuevo juicio con jueces no inhabilitados, tras establecer que la sentencia recurrida no da sustento a la calificación de los hechos que da por acreditados, sin hacerse cargo de la calificación de homicidio frustrado asignada por los acusadores.