Al no haber probado la Comisión Europea que le resultaba imposible oír a las demandantes durante el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado, debe considerarse que disponía del tiempo necesario para permitir a las demandantes ejercer su derecho a ser oídas. Ciertamente, la violación del principio de buena administración solo podría dar lugar a la anulación del Reglamento en cuestión en la medida en que dicha irregularidad hubiera influido en el resultado del procedimiento.