El hecho que nos encontremos frente a una relación de consumo no libera a la actora de la carga de probar los extremos fundantes de su pretensión, en tanto el principio reconocido en la normativa no implica una inversión de la carga de la prueba sino el deber de cada parte de aportar al proceso todos los elementos probatorios que esté en mejores condiciones de acreditar.

Frases como «Somos un bufete de abogados especializados en Derecho Penal», son incompatibles con la naturaleza de una Defensoría Oficial y tienen una connotación vinculada claramente con un estudio jurídico privado, que por su naturaleza se exhibe oneroso.

El demandante no tiene las condiciones de idoneidad necesarias y básicas para ser emplazado como progenitor de la menor. Hacer lugar a la demanda importaría atentar contra el mejor interés de la adolescente, porque la emplazaría en calidad de hija de alguien que no supo, ni quiso desarrollar adecuadamente el rol de padre, con respecto a su prole biológica.

Exigirle al usuario, que no obtiene respuesta del titular de la plataforma ni del hotel, que identifique a quien y donde debe efectuar el reclamo cuando la intermediaria pertenece a una compleja organización societaria, sería contrario a la protección del derecho del consumidor a la hora de intentar valer sus derechos, con serio riesgo de ver frustrada su expectativa.

El juego y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar del niño y promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y en la propia capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. Contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje; son una forma de participar en la vida cotidiana y tienen un valor intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan.

El padecimiento de la amparista se encuentra acogido por la ley 26.396, que declara de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios. Siguiendo dichos lineamientos, consideró que de la normativa reseñada se desprende la obligación legal de la cobertura integral que le compete a la demandada en su carácter de prestador de servicios salud.

La empresa transportadora no puede ampararse en las prescripciones que limitan su responsabilidad, cuando el daño provenga de su dolo o del dolo de las personas bajo su dependencia. Asimismo, en supuestos de cancelación del vuelo o interrupción del viaje, otorga a los pasajeros el derecho al reembolso del precio del ticket por el trayecto no realizado y también los gastos de desplazamiento y estadía.

La solución apuntada no se modifica por el solo hecho de que el servicio consista en el alquiler de un espacio para la práctica de deportes que conllevan algún tipo de riesgo, sino a causa del deficiente estado de los bienes que se ponen a disposición de los deportistas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó las sanciones aplicadas a dos jueces por perjudicar los derechos de una niña víctima de un delito sexual, al emitir comentarios inadecuados para su rol judicial y que resultaron altamente revictimizantes.

La Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condiciones de trato equitativo y digno.