En materia de derecho animal se encuentra cuestionado el status jurídico actual de «cosa» de los animales, con base en lo normado en la Constitución y otras normas. En el caso que nos ocupa, los animales -y con mucha más razón este animal doméstico- son seres sintientes que gozan de derechos propios como parte de la obligación de respeto a la vida y protección de su integridad.

En la actualidad y fruto de una decisión personal, libre y razonada, la solicitante se auto percibe como mujer, por lo que su documentación debe reflejarlo, siendo su nombre de origen y su sexo femenino el que debe figurar allí consignado, a los fines de reconocer su identidad y garantizar el desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de su vida en forma plena y tranquila.

El requerido se fugó de la cautelar decretada en su contra y fue detenido en la ciudad de Iquique -portando una cedula de identidad falsa-, tras ser denunciado por terceros por una presunta estafa. En su defensa alegó que existe una persecución política en su contra, por ser un conocido opositor al peronismo en la provincia de Tucumán, motivo por el cual le “hicieron una operación”, para condenarlo por el homicidio de un empresario cercano al kirchnerismo, crimen del que asegura ser inocente.

La mujer se encontraba inmersa en un círculo de violencia que obstaculizaba su capacidad para abandonar la relación de pareja. Este contexto ilustra el motivo que la llevó a asumir la responsabilidad de lo sucedido, atribuyendo tal situación a la falta de afecto hacia el acusado, a cambios de humor relacionados con “la menopausia” y expresando que “ni ella sola se aguantaba”, creyendo que si hubiera saludado a su esposo para su cumpleaños, o hubiera retomado con anterioridad la relación de pareja, el hecho no habría tenido lugar.

El incumplimiento por parte del alimentante también genera impacto y consecuencias negativas en la progenitora reclamante. A la madre, además de cumplir debidamente con sus obligaciones parentales, se le ocasionan privaciones en su proyecto de vida, sufre la exigencia de esfuerzos suplementarios para cubrir desidias ajenas, y se ve obligada a litigar, con el desgaste anímico, temporal y económico que ello implica.

Frente al consumidor no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a aquél por el solo hecho de haber tenido esa intervención. Esto conduce a descartar que el vendedor pueda considerarse “ajeno”, toda vez que la norma parte del presupuesto de que los responsables han participado en la actividad generadora del daño.

Hoy en día, garantizar la seguridad en los alimentos y bebidas que se comercializan ocupa un lugar de privilegio entre las preocupaciones sociales. Correlativamente, el umbral de «benevolencia» con que deben ser apreciadas las fallas o incumplimientos se reduce dramáticamente.

En el plano internacional Argentina adoptó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, mediante la cual se exige a los Estados parte a establecer mecanismos adecuados para que las víctimas de trata obtengan una reparación e indemnización.

La conducta endilgada no presenta relevancia penal. En ese sentido, corresponde recordar que el carácter fragmentario del derecho penal y su esencialidad de ultima ratio, importan postulados enderezados a limitar el poder punitivo del Estado, estableciendo que éste sólo debe intervenir –mediante sus órganos represivos- en los casos de ataques graves a los bienes jurídicos más relevantes.

Cuando el dictamen pericial aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél. Ante el importante valor probatorio de este tipo de pruebas sustentadas en principios técnicos, se ha establecido que las impugnaciones deben ser serias y fundadas.