La reclamante cuenta a la fecha con 21 años, si bien al momento del pedido de cese y de interponer los recursos se encontraba en la franja etaria de 18 a 21 años, la norma establece que la obligación se extiende hasta los veintiún años, salvo que se acredite que el hijo mayor cuenta con recursos suficientes para procurárselo.

El ejercicio del poder de organización no puede violar derechos que integran el orden público laboral del que, como tal, no se puede prescindir. Extremo éste que, como se observa, se verificó en autos por vía de la creación de un plazo de caducidad para el reclamo de los reintegros ajeno a la ley.

La niña se encuentra actualmente inserta íntegramente en el sistema familiar del matrimonio. Ha crecido en dicho ámbito, desplegando su personalidad a partir de este seno familiar y desarrollando sus intereses, lazos afectivos y amistades que conforman su vida y, como ya se expuso, su identidad. Considero que la adopción plena es la figura que mejor recepta el derecho y el deseo de la menor.

No se esperaba que en el curso de “un baño de crema” se provocara a la clienta lesiones calificadas como gravísimas. Aun prescindiendo del deber de seguridad en materia contractual, de fecunda aplicación antes de la sanción del nuevo código, la acción descripta ha infringido objetivamente el deber de no dañar a otro.

Los actos interruptivos del curso de la caducidad deben ser idóneos para impulsar el proceso y no meramente formales. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que los tramites tendientes al exclusivo interés de una de las partes, como lo son la renuncia y designación de nuevo letrado, al no afectar la causa principal del juicio, no revisten carácter impulsorio.

Los jueces deben velar por que la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela- y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones.

Ni siquiera en el paradigma anterior, en el cual la modificación del nombre estaba sujeto a requisitos más rígidos, se podía pensar que había que mantener inmodificable el nombre con el que fue inscripta una persona, pues la imposición del nombre es para la ley una herramienta no para castigar a las personas sino un elemento para facilitar su identificación por parte del Estado.

La medicina prepaga tuvo un notable crecimiento en el país. El Estado desarrolló un marco normativo para regir la actividad que comprende instrumentos convencionales, leyes del Congreso y numerosos decretos. La jurisprudencia ha estimado que aquellas empresas, más allá de sus fines comerciales, tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial.

Con prescindencia del fallo recaído en el proceso penal la conducta del hombre fue antijurídica. En efecto, al ingresar aquel voluntariamente al área prohibida y caminar por el corredor donde transitan las formaciones ferroviarias, transgredió normas legales expresas a riesgo para su salud y su vida perceptibles para cualquier persona que tuviera un mínimo de instrucción y de experiencia.

La regla del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene —al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias—, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado el caso, el de los padres.