A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, se ha reafirmado en diferentes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública en garantizar ese derecho con acciones positivas.

Para que el profesional tenga derecho a solicitar una justa y equitativa retribución por el servicio prestado, son necesarios ciertos requisitos a saber: que posea título habilitante y matrícula para ejercer libremente su actividad; que la actuación no resulte exceptuada de retribución por una norma especial y que el trabajo efectivamente realizado sea oficioso.

El instructor asignado actuó en total conformidad con las regulaciones, brindando asistencia y supervisión adecuada hasta segundos antes del trágico suceso que, como luego se supo a través de la nota de disculpas que estaba en la cartera de la mujer, aquella había planificado.

Argentina se encuentra en una encrucijada respecto a su competencia universal. Las recientes decisiones judiciales sobre casos de alto perfil podrían desbordar los límites que hasta ahora permitían un ejercicio prudente de esta herramienta.

El enajenante no puede eximirse de su responsabilidad por daños cuando actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad, cuestión que no ocurre en autos. Como ya apuntara, los demandados, al tener a su nombre un criadero de perros, realizaban este tipo de operaciones en forma habitual.

El caso tiene directa relación con el principio de reparación plena, pero también con las garantías y derechos humanos de la actora como integrante de aquel grupo vulnerable: derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, entre otros (Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores).

Hoy, cuarenta años después de su publicación, consideramos oportuno recordar algunos de los puntos más importantes expuestos en el Informe sobre los crímenes contra los derechos humanos perpetrados por la última dictadura argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Cuando se repara el daño moral no se incluye como rubro la falta de amor y de afecto, ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual el derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas, como son por ejemplo, el abandono, que permitirá accionar por privación de la patria potestad o la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos.

No nos encontramos ante una conducta delictuosa, pero si ante un comportamiento procesal reprochable por la calidad profesional de ambos letrados, lo que les impone mayor responsabilidad por sus amplios conocimientos. Dichas conductas afectan el decoro y la ética profesional que como auxiliares de la justicia deben preservar.

En torno a tal práctica, conocida como “stealthing”, se ha sostenido que en su acepción nativa, el diccionario de Cambridge define la palabra stealth como “movement that is quiet and careful in order not to be seen or Heard”, que en nuestro idioma sería algo así como un movimiento silencioso y cuidadoso para no ser visto ni escuchado.