El juez permitió que tanto él como los fiscales y testigos utilizaran los dispositivos para evaluar el relato del acusado. La experiencia fue utilizada específicamente en el contexto de una audiencia previa al juicio destinado a determinar si los cargos debían ser desestimados. Sin embargo, el juez no llegó a decidir si este tipo de tecnología podría ser admitida frente a un jurado en una etapa posterior del proceso.
A nivel regional, entre los años 2021 y 2023, la región Metropolitana encabeza un total de 58 defunciones por ese motivo, seguida de la región del Biobío. No obstante, la región de Tarapacá es la que tiene mayor tasa con respecto a su población (por cada 100.000 habitantes), cuya comuna más afectada corresponde a la de Iquique.
La víctima percibió de un modo indubitado el mal que se le anunciaba mediante la conducta del condenado, configurándose, por tanto, el elemento de seriedad.
El Tribunal de alzada desestimó la acción de protección tras establecer que las medidas adoptadas por el liceo municipal no son arbitrarias ni ilegales.
El imputado intentó revertir la pena alegando que la policía actuó sin existir ningún indicio previo, ya que el mero hecho de eludir la presencia policial no puede ser calificado como una actitud indiciaria de un hecho ilícito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal.
El acusado irrumpió en el domicilio de la víctima, para tomar venganza de parte de su hija, quien momentos antes, había participado en una riña con la hija de la pareja del fallecido.
Al ser consultado por personal de Carabineros que patrullaba el sector, el acusado indicó que llevaba un arma de fuego oculta en su cinto, situación de flagrancia que permite a la policía el control de identidad investigativo.
El acusado circulaba en un vehículo denunciado por robo, sin las placas patentes, y al notar la presencia policial arrojó al piso del automóvil la pistola que portaba. Al registrar el vehículo, los funcionarios encontraron una escopeta recortada y un arma de fogueo en el maletero.
La Corte estimó desproporcionada la sanción aplicada, toda vez que no se acreditó la conmoción en la comunidad universitaria aludida por la casa de estudios, además de haber sido divulgado el mensaje en un ámbito acotado.
La iniciativa persigue aumentar las penas de delitos contra los bienes jurídicos más relevantes: la vida, la propiedad, la seguridad interior y el orden público, cuando para su realización se utilizare un arma de fuego con el fin de que tenga un verdadero efecto disuasorio.
En la escala de Oficiales Jefes, sólo los Tenientes Coroneles en retiro pueden acceder a la tarjeta de identificación institucional que les correspondía en servicio activo y ser autorizados para portar armas de fuego.
