La Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos (AFEP), no pudo acreditar su tesis de participación de los agentes en la muerte de la víctima en la madrugada del 19 de febrero de 1974. El máximo Tribunal estimó que quejarse de la valoración de los medios de prueba sin señalar la infracción concreta a las reglas probatorias, no satisface el motivo de nulidad invocado.
El Tribunal estableció la responsabilidad y obligación del Estado de mitigar el daño causado a los familiares de la víctima.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primer grado que acogió la acción.
El Tribunal de alzada acogió la acción presentada por víctimas de violaciones a los derechos humanos y estableció que, con la mantención de la estatua, la Armada incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad en el país, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas, exigencia de la cual la recurrida no se encuentra ajena.
El Tribunal de alzada desestimó la reclamación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al estimar que la información sobre las comisiones al extranjero del vicealmirante Ricardo Marcos Vivanco –durante el periodo en que integró el alto mando de la Armada y solo en lo relativo a año, país, duración de la comisión y porcentaje de viático asignado, excluyendo motivos y fechas específicas– es de carácter público.
El ministro Cancino procesó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Bertalino Segundo Castillo Soto y Sergio Hevia Febres, en calidad de autores de los delitos cometidos cuando la víctima Catalán Moncada, solo tenía 16 años de edad y cursaba primero medio en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso.
El ministro Cancino procesó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, en calidad de autor de ambos delitos cometidos en contra de Vergara Silva, quien era menor de edad a la época de los hechos.
Se alega que el homenaje al excomandante atenta contra el derecho de reparación de las víctimas de derechos humanos y amenaza con la repetición de tales actos al presentarlo como un modelo a seguir.
No existe ningún antecedente que acredite la falta de oportunidad de la actora para aportar antecedentes médicos a la Armada, ya que luego de analizar todo su historial médico resolvió su retiro.
El Tribunal de alzada coincidió que la información solicitada por ley de transparencia se encuentra amparada por causal de reserva o secreto al estar relacionadas con actividades de inteligencia reguladas por ley.
La Armada expuso que el costo de mantención de las unidades navales guarda directa relación con el grado de actividad de las mismas y que su presupuesto anual financia las labores de mantenimiento asociadas a las actividades de carácter militar, pero no considera costos de navegación en acciones ajenas a las institucionales.
