Al complementar la Armada la información faltante al responder el amparo de acceso a la información, el CPLT estimó cumplido satisfactoriamente el requerimiento, no obstante, lo acogió.

La entrega de estos datos no implica una afectación a la seguridad del Estado o seguridad de las personas, y tampoco puede ser catalogada de peligrosa para el funcionamiento de esta rama de las fuerzas armadas.

El hecho que sea Lord Cochrane y Merino Castro los dos únicos jefes supremos de la institución que son homenajeados con estatuas de cuerpo entero en recintos institucionales, deja de manifiesto que se trata de una adhesión política al rol jugado por Merino, no un reconocimiento a su calidad de ex comandante en jefe.

No concurre omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la Armada que haya vulnerado la garantía constitucional alegada.

La ilegalidad y arbitrariedad de la conducta se funda en la contravención del artículo 5° de la Constitución, que obliga al Estado a respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana.

La ley señaló de manera expresa que es secreta la información vinculada a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de su personal.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que eventualmente se puede constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el negarse a sacar dicha estatua tampoco pareció vulnerar precepto legal alguno que se relacione con este tipo de monumentos.

El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia que condenó a Carlos Eliecer González Macaya a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autor del delito.

El máximo Tribunal estableció que la información solicitada por ley de transparencia se encuentra cubierta por la causal de reserva de seguridad del Estado y la defensa nacional.