Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un procedimiento especial ante un Juzgado de Policía Local, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
La iniciativa persigue evitar que los arrendatarios celebren convenios de pago sin previo conocimiento y autorización de los propietarios.
Incurriendo así en una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que han ejercido un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, constituyéndose en una suerte de comisión especial.
Se estimó que en los hechos no se presentó vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
