Atendida la patología psiquiátrica del imputado, el no recibir un tratamiento médico adecuado a la misma configura un peligro para sus familiares, para la sociedad y para él mismo. Sin embargo, ello no puede justificar de modo alguno que, en razón precisamente de su discapacidad mental, el Estado lo mantenga privado de libertad, pues ello constituye un menosprecio flagrante de su dignidad inherente.
No obstante lo anterior, previo a la adopción de la resolución que en Derecho corresponda por parte del Ministro Instructor, debe ser oída la defensa del amparado, con el fin de que haga valer todos los antecedentes que estime pertinentes.
El máximo Tribunal consideró que la privación total de libertad en su domicilio del imputado, dadas su actual estado de salud, garantiza los fines de procedimiento y la seguridad de la sociedad y la víctima.
Las imágenes que las acompañan no las tuvo por obtenidas clandestinamente sino como puestas en el dominio público por ella misma, lo que, sumado al interés público que suscita su titular aleja la posibilidad de sancionar la difusión no autorizada; y no ha determinado que las expresiones hayan sido dirigidas directa o indirectamente a quien escogían como su objeto, lo cual aleja el hostigamiento.
No son equivalentes un día de arresto en su domicilio que un día de privación de libertad en un recinto penitenciario. Si bien ambas son medidas de restricción de libertades, son de distinta entidad e intensidad, a tal punto que cuando a un formalizado se le decreta arresto domiciliario es valorado como un beneficio. Se busca poner término a las señales erróneas que se producen con esta medida cautelar.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, que rebajó la prisión preventiva que cumplía el imputado, al existir nuevos antecedentes que debilitan la presunción de participación atribuida.
a Segunda Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, y rechazó la pretensión de la defensa de rebajar el régimen cautelar de Durán Pastor.
La Sexta Sala del tribunal de alzada confirmó, además, la resolución apelada, dictada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, en la parte que dejó sujeto al imputado Luis Japaz Lucio a las cautelares arraigo nacional y la prohibición de comunicación con demás imputados y testigos y la prohibición de acercarse a la coimputada Andrea Monsalve Saavedra.
En la audiencia de formalización el magistrado onsideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
La Segunda Sala del máximo tribunal consideró que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), autorizan que la pena se cumpla de manera alternativa y no en un recinto penal.
La defensa no impugnó en su oportunidad la certificación referente al incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario.
