La actora denunció acoso y amenaza de parte de la oficina de cobranza de la clínica recurrida en circunstancias que se encuentra en tramitación un reclamo ante Fonasa por la Ley de Urgencia, tras la muerte de su madre.
El Tribunal de alzada descartó ilegalidad en el proceso sancionatorio y que se haya cumplido el plazo de prescripción de la acción.
El Tribunal de alzada estableció que el procedimiento sancionatorio se inició transcurrido el plazo legal de seis meses establecido para faltas administrativas.
